Los tribunales de California deben grabar la audiencia cuando no llega un taquígrafo judicial.

Los tribunales de California deben grabar los procedimientos civiles cuando no hay taquígrafo disponible

El 10 de agosto de 2026, la Corte Suprema de California resolvió que los tribunales superiores deben proporcionar, a solicitud, un registro literal oficial a los litigantes civiles indigentes. Si no está disponible un taquígrafo judicial oficial ni un taquígrafo oficial pro tempore, el tribunal debe usar grabación electrónica.

La decisión unánime se dictó en Family Violence Appellate Project v. Superior Court of Contra Costa County, Corte Suprema de California No. S288176. La presidenta de la Corte, Patricia Guerrero, redactó la opinión. Los magistrados Corrigan, Liu, Kruger, Groban, Evans y Lie concurrieron. El magistrado Lie es juez de la Corte de Apelación del Sexto Distrito, asignado por la presidenta de la Corte.

La Corte ordenó a los cuatro tribunales demandados, los de los condados de Los Ángeles, Santa Clara, Contra Costa y San Diego, que proporcionen acceso significativo a un registro literal oficial en todos los casos. La resolución es una decisión publicada de la Corte Suprema de California y obliga a todos los tribunales de primera instancia del estado.

Antes de publicar, el equipo editorial de Archivar leyó la opinión completa de 35 páginas en lugar de basarse en resúmenes de prensa. Las primeras coberturas dieron tres fechas distintas para el fallo: 10, 11 y 13 de agosto. La fecha de presentación de la propia opinión es el 10 de agosto de 2026, y es la que se usa aquí.

El fallo crea una excepción a la sección 69957

La sección 69957 del Government Code permite la grabación electrónica en casos civiles limitados, de delitos menores (misdemeanor) y de infracciones cuando no hay un taquígrafo oficial disponible. En general, prohíbe la grabación electrónica como registro oficial en los demás casos, incluidos los casos civiles no limitados.

La Corte Suprema resolvió que la sección 69957 no prohíbe específicamente la grabación cuando esta es necesaria para dar a un litigante indigente un acceso significativo a la justicia. Conforme a la doctrina in forma pauperis, los tribunales deben implicar una excepción a la ley.

El resultado depende de si se puede proporcionar un taquígrafo. Si el tribunal puede proporcionar un taquígrafo oficial, la sección 69957 sigue prohibiendo la grabación electrónica. Si no puede, el tribunal debe grabar el procedimiento electrónicamente. La opinión dice que los tribunales "no tienen discreción" en este punto.

La Corte no resolvió los argumentos de los peticionarios sobre debido proceso, igualdad ante la ley o separación de poderes. Señaló serias dudas sobre si el Poder Legislativo podría restringir la potestad inherente de los tribunales, pero dejó esa cuestión sin resolver.

El deber va más allá de los casos de derechos fundamentales

La decisión surgió de un procedimiento original de writ of mandate presentado directamente ante la Corte Suprema en diciembre de 2024 por Family Violence Appellate Project y Bay Area Legal Aid.

El fiscal general de California presentó un escrito amicus en apoyo de los peticionarios a solicitud de la Corte. Organizaciones de taquígrafos judiciales, entre ellas la California Court Reporters Association y el SEIU California State Council, presentaron escritos en sentido contrario. Sostuvieron que los tribunales podían cumplir sus obligaciones contratando más taquígrafos.

Tres de los tribunales demandados habían dictado órdenes generales antes del fallo. Los Ángeles dictó la suya en septiembre de 2024, Santa Clara en noviembre de 2024 y Contra Costa en diciembre de 2024. Esas órdenes permitían la grabación electrónica solo en procedimientos que involucraran derechos fundamentales o intereses de libertad, y solo después de que el juez hiciera seis determinaciones. San Diego no había dictado una orden similar.

La Corte Suprema dijo que esas órdenes se quedan cortas ("fall short"). El deber no se limita a los casos de derechos fundamentales o intereses de libertad. El párrafo dispositivo ordena a los tribunales proporcionar un registro "en todos los casos", la frase que va más allá del límite usado en las órdenes anteriores.

Entre los asuntos afectados están las órdenes de restricción por violencia doméstica y por acoso civil, la custodia y manutención de menores, la disolución matrimonial, el cobro de deudas, la discriminación laboral y en vivienda, y las curatelas y tutelas en sucesiones.

La falta de taquígrafos dejaba a los litigantes con dos malas opciones

La Corte se apoyó en su decisión de 2018 en Jameson v. Desta, 5 Cal.5th 594. Jamesonresolvió que, cuando un tribunal superior no proporciona taquígrafos oficiales en casos civiles pero permite que las partes paguen taquígrafos privados, debe hacer una excepción para los beneficiarios de exención de tasas, de modo que puedan obtener un registro literal.

La nueva opinión dice que esa garantía "ha resultado ilusoria" porque los tribunales a menudo no tienen taquígrafos que enviar.

Cuando no se presentaba un taquígrafo, el litigante indigente podía aceptar un aplazamiento, a veces varios y a veces de meses, o seguir adelante sin registro literal. Las declaraciones de abogados de asistencia jurídica describieron a clientes que optaban por seguir sin registro. Esa elección dificulta mucho la revisión en apelación de los errores alegados.

La escala era considerable. El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles informó más de 332,000 audiencias en 2023 sin registro literal. El condado de Santa Clara informó más de 56,000 audiencias de ese tipo ese año. Un documento de la California Access to Justice Commission fechado el 14 de noviembre de 2024 informó que más de un millón de audiencias y juicios en casos civiles no limitados, de familia y de sucesiones no tuvieron ningún medio para crear una transcripción oficial en el año que terminó el 31 de marzo de 2024.

El grupo cubierto es más amplio que el de quienes tienen exención de tasas

La Corte no adoptó un estándar absoluto de indigencia. La nota al pie 3 indica que el grupo cubierto incluye a cualquier litigante que no pueda pagar un taquígrafo privado. Eso puede incluir a personas que sí pueden pagar las tasas ordinarias de presentación.

Los tribunales deben evaluar la capacidad de pago con flexibilidad. La Corte ya había rechazado la idea de que se requiera una solicitud formal in forma pauperis antes de conceder el remedio.

El detonante práctico es una solicitud de registro junto con la demostración de que el litigante no puede pagar un taquígrafo privado. La exención de tasas sigue siendo la vía más clara para demostrar la incapacidad de pago, pero la opinión no convierte una solicitud formal de exención en un requisito previo.

La resolución no afecta a las partes que pueden pagar un taquígrafo privado. La sección 69957 sigue prohibiendo la grabación electrónica cuando el tribunal puede proporcionar un taquígrafo.

Las grabaciones electrónicas pueden convertirse en el registro de apelación

La Corte rechazó las declaraciones resumidas (settled statements) y las declaraciones acordadas como sustituto sistemático de un registro literal oficial. Esas declaraciones, previstas en la regla 8.137 de las California Rules of Court, cumplen fines importantes, pero la opinión, reiterando Jameson, describe el proceso como engorroso.

Las organizaciones de taquígrafos plantearon que las grabaciones pueden ser menos precisas. La Corte se negó a sopesar los riesgos comparativos. Afirmó que un registro literal creado por grabación electrónica es mejor que ningún registro ("better than no record at all").

La opinión dijo que las preocupaciones sobre precisión pueden atenderse con procedimientos estandarizados. Se remitió a las reglas 2.952 y 2.954 de las California Rules of Court, que fijan estándares para el equipo y la operación de la grabación electrónica.

La opinión no definió de manera exhaustiva qué hace que un taquígrafo esté "no disponible". La prueba es si el litigante quedaría privado, de otro modo, de igual acceso a la justicia.

La decisión también deja preguntas para más adelante. No resuelve quién paga la transcripción de una grabación para una parte indigente, con cuánta intensidad debe un tribunal buscar un taquígrafo antes de grabar, ni qué ocurre cuando una sala civil carece de equipo de grabación. La opinión indica que una mayoría significativa de las salas de los cuatro tribunales demandados ya tiene equipo de grabación instalado.

Para un despacho de derecho de familia o de asistencia jurídica, la fecha de una solicitud de registro y si en cada audiencia hubo taquígrafo o grabación son datos que corresponden al expediente del asunto. Archivar, que publica The Docket, es un sistema operativo para despachos de abogados: atiende cada llamada las 24 horas, los 7 días, en inglés y en español, gestiona la admisión de clientes, administra los asuntos y recuerda todo lo que hace el despacho.

El fallo obliga a los tribunales de primera instancia de California. Los detalles de implementación, incluidos el equipo, los costos de transcripción y qué cuenta como no disponible, quedan en manos de esos tribunales.

Una ley escrita para mantener las grabadoras fuera de la mayoría de las salas civiles ahora cede cuando no llega un taquígrafo.

La promesa de 2018 de un registro para quien no puede pagar por fin tiene un plan alternativo.

La solicitud sigue siendo lo que lo pone en marcha.